Derecho administrativo

Derecho Administrativo: Guía para Oposiciones y Formación Profesional

El Derecho Administrativo constituye una de las ramas fundamentales del ordenamiento jurídico español, regulando las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Esta categoría reúne contenidos esenciales para quienes preparan oposiciones a cuerpos administrativos, fuerzas de seguridad o cualquier proceso selectivo que incluya materias de derecho público.

El conocimiento del Derecho Administrativo resulta imprescindible no solo para superar pruebas selectivas, sino también para el ejercicio profesional en cualquier ámbito de la Administración Pública. Desde el procedimiento administrativo común hasta la protección de datos personales, pasando por el régimen de los empleados públicos, estos contenidos proporcionan las herramientas necesarias para comprender cómo funciona la maquinaria administrativa del Estado.

El Procedimiento Administrativo Común

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece el marco general que rige la actuación administrativa. El procedimiento se estructura en fases claramente diferenciadas: iniciación, ordenación, instrucción y finalización.

La fase de ordenación comprende aspectos fundamentales como el expediente administrativo, el impulso de oficio que garantiza la celeridad, la concentración de trámites y el plazo genérico de diez días para el cumplimiento de actuaciones. Por su parte, la instrucción incluye cuatro bloques esenciales: las alegaciones (presentables hasta el trámite de audiencia según el artículo 76), la prueba (con plazo de 10 a 30 días), los informes (facultativos y no vinculantes, con plazo de 10 días) y el trámite de audiencia (obligatorio, con plazo de 10 a 15 días).

El procedimiento puede finalizar de diversas formas: mediante resolución expresa, por desistimiento del interesado o de la administración, por renuncia al derecho reconocido, o por caducidad cuando el interesado permanece inactivo durante tres meses tras advertencia administrativa.

Recursos Administrativos y Contencioso-Administrativo

Los ciudadanos disponen de mecanismos para impugnar los actos administrativos que consideren lesivos para sus derechos. En vía administrativa existen tres recursos: el recurso de alzada (ante el órgano superior), el recurso potestativo de reposición (ante el mismo órgano que dictó el acto) y el recurso extraordinario de revisión (solo en casos tasados por la ley).

Cuando la vía administrativa se agota, el recurso contencioso-administrativo permite acudir a la jurisdicción para obtener tutela judicial efectiva. Este recurso puede interponerse contra reglamentos (plazo de 2 meses desde publicación), actos definitivos o de trámite cualificados, inactividad administrativa y vía de hecho. A diferencia de la vía administrativa, el procedimiento contencioso requiere obligatoriamente representación por procurador y defensa por abogado.

La revisión de oficio constituye un mecanismo excepcional regulado en el artículo 106 de la Ley 39/2015, que permite anular actos administrativos firmes que son nulos de pleno derecho, requiriendo dictamen favorable del Consejo de Estado y resolución en plazo máximo de seis meses.

El Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

El Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) clasifica a los empleados públicos en cinco categorías: funcionarios de carrera (permanentes, con relación estatutaria), funcionarios interinos (temporales, máximo 3 años), personal laboral (regido por contrato de trabajo), personal eventual (funciones de confianza) y personal directivo profesional.

Para adquirir la condición de funcionario de carrera se debe superar un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, obtener el nombramiento, realizar el acto de acatamiento de la Constitución y tomar posesión. Los sistemas selectivos son tres: oposición, concurso-oposición y concurso de méritos, aunque para funcionarios de carrera solo pueden utilizarse los dos primeros.

Los derechos de los funcionarios se dividen en individuales (artículo 14 TREBEP: inamovilidad, formación continua, igualdad de trato) y colectivos (artículo 15: huelga, negociación colectiva, reunión). La inamovilidad constituye el derecho más distintivo, garantizando que no pueden ser despedidos sin causa justificada. Las retribuciones se estructuran en básicas (sueldo y trienios) y complementarias (destino, específico, productividad y gratificaciones).

El régimen disciplinario establece tres tipos de infracciones (leves, graves y muy graves) con plazos de prescripción diferenciados: 3 años para muy graves, 2 años para graves y 6 meses para leves.

Administración Electrónica y Registros

La administración electrónica representa el modelo de gestión pública basado en tecnologías de la información que permite realizar trámites digitalmente. Regulada por las Leyes 39/2015 y 40/2015, reconoce derechos específicos a ciudadanos (artículo 13) e interesados (artículo 53), como ser asistidos en el uso de medios electrónicos.

Los registros administrativos funcionan como puerta de entrada y salida de documentos, regulados por el artículo 16 de la Ley 39/2015. Pueden ser físicos o electrónicos, y todos los documentos presentados en papel deben digitalizarse. El Registro Central de Personal documenta la carrera administrativa de los funcionarios, con inscripciones y anotaciones que deben comunicarse en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Protección de Datos Personales

La protección de datos se regula por dos normas complementarias: la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Ambas garantizan la capacidad del ciudadano para disponer y decidir sobre su información personal.

Los conceptos fundamentales incluyen la distinción entre responsable del tratamiento (quien decide sobre los datos) y encargado del tratamiento (quien los procesa por cuenta del responsable). Los ciudadanos tienen derechos como acceso, rectificación, supresión y portabilidad, supervisados por la Agencia Española de Protección de Datos.

Igualdad y No Discriminación

La Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad establece medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el principio de presencia equilibrada (60%-40%) y la obligación de planes de igualdad para empresas con más de 50 trabajadores. La Ley 4/2023 LGTBI garantiza la igualdad de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, permitiendo el cambio registral de sexo sin requisitos médicos.

La Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género tiene triple finalidad: prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, prestando asistencia integral a las víctimas mediante derechos como asistencia jurídica gratuita inmediata y ayudas económicas específicas.

Seguridad Ciudadana y Normativa Sectorial

La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana garantiza el respeto de derechos y libertades constitucionales, regulando las potestades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la documentación oficial (DNI, pasaporte) y el régimen sancionador.

En el ámbito autonómico, normativas como la Ley 17/1997 de la Comunidad de Madrid regulan espectáculos públicos, estableciendo requisitos de autorización, protección de consumidores y menores, y facultades de inspección administrativa.

Derecho de la Unión Europea

El ordenamiento europeo se divide en derecho primario (Tratados fundacionales) y derecho derivado (reglamentos, directivas y decisiones). Los reglamentos son directamente aplicables y obligatorios, mientras que las directivas establecen objetivos que cada Estado debe transponer a su ordenamiento interno, siendo fundamental comprender esta distinción para entender cómo el derecho europeo afecta a la actuación administrativa española.