El principio de legalidad en el Derecho Penal según la Constitución Española

Introducción

El principio de legalidad constituye una de las garantías fundamentales del Estado de Derecho en materia penal. En el ordenamiento jurídico español, este principio no se encuentra regulado de manera expresa y concreta en la Constitución Española, sino que se deduce de diversos preceptos constitucionales que, de forma más o menos directa, establecen las bases de la seguridad jurídica en el ámbito penal.

El principio de legalidad en la Constitución Española

Fundamento constitucional indirecto

Nuestra Constitución Española no contempla de manera concreta las diferentes exigencias del principio de legalidad en materia penal. Sin embargo, este requisito fundamental se deduce de forma más o menos directa de diversos preceptos constitucionales:

• Artículo 9.3 CE: Establece el principio de legalidad general, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y la seguridad jurídica.

• Artículo 25.1 CE: Garantiza que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa.

• Artículo 81 CE: Establece la reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

La exigencia de ley orgánica

¿Tiene el derecho penal que regularse por ley orgánica? La respuesta mayoritaria de la doctrina es afirmativa.

La Ley Orgánica exige su aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, según establece el artículo 81 de la Constitución Española. La mayoría de la doctrina entiende que todas las normas penales, en tanto que implican una privación o restricción de algún derecho fundamental (especialmente la libertad), están sujetas a reserva de ley orgánica.

Por tanto, las normas penales requieren ser adoptadas mediante ley orgánica, garantizando así un mayor consenso parlamentario para decisiones que afectan gravemente a los derechos de los ciudadanos.

No obstante, es importante señalar que el Tribunal Constitucional no mantiene una posición tan clara como la doctrina mayoritaria sobre esta cuestión.

Las leyes en blanco

Las leyes en blanco son normas de revisión, es decir, normas que remiten a otras leyes o disposiciones de rango inferior para completar su contenido.

Surge la cuestión de si estas leyes son acordes con el principio de legalidad en materia de derecho penal. Hoy en día, generalmente se reconoce la necesidad de tales revisiones, especialmente por:

• El carácter complejo de algunas materias
• La variabilidad y actualización constante de ciertas regulaciones técnicas

Se admite su constitucionalidad siempre que se mantengan dentro de ciertos límites que garanticen la seguridad jurídica y el núcleo esencial de la conducta prohibida permanezca en la ley penal.

El principio de legalidad en la legislación ordinaria

El principio de legalidad se encuentra reconocido esencialmente en los artículos 1, 2 y 3 del Código Penal, además de otras disposiciones que, dentro y fuera del Código Penal, se refieren a este principio fundamental.

Estas normas desarrollan las garantías derivadas del principio de legalidad:

• Garantía criminal
• Garantía penal
• Garantía jurisdiccional
• Garantía de ejecución

El ordenamiento jurídico penal español

El Código Penal

El ordenamiento jurídico penal español tiene como norma central el Código Penal de 1995, que ha sido significativamente modificado en el año 2015. Este cuerpo legal contiene la regulación general del derecho penal español.

Legislación penal especial

Junto al Código Penal, existe un conjunto de leyes penales especiales que se refieren a delitos, peligrosidad, penas o medidas de seguridad que quedan fuera del Código Penal. Entre las más destacadas:

• Ley Orgánica 5/2000: Reguladora de la responsabilidad penal de los menores
• Ley Orgánica 2/1995: De Represión del Contrabando
• Otras leyes complementarias en materias específicas

Interpretación de las leyes penales

Concepto de interpretación

Interpretar las leyes es fijar el sentido de los textos en que se encuentran formuladas. Esta operación es siempre necesaria para la correcta aplicación del derecho.

Teorías de interpretación

Existen dos grandes teorías sobre cómo debe interpretarse la ley:

Teoría subjetiva: Atiende a la intención del legislador al crear la norma, buscando determinar qué quiso decir quien redactó el texto legal.

Teoría objetiva: Atiende a la voluntad objetiva del texto de la ley, considerando que una vez promulgada, la norma adquiere un sentido propio independiente de la intención original del legislador.

Actualmente es mayoritaria la teoría objetiva, en el sentido de que debe darse preferencia al sentido objetivo del texto de la ley. La intención del legislador no puede tener preeminencia frente al significado objetivo del texto.

Nuestro derecho adopta la teoría objetiva, atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finalidad de las normas.

Clases de interpretación

Por su origen

• Interpretación auténtica: La realizada por el propio legislador
• Interpretación judicial: La realizada por jueces y magistrados. No se configura como fuente del derecho, pues no vincula a los demás jueces
• Interpretación doctrinal: La realizada por los juristas en obras científicas. Tampoco es vinculante

Por los medios empleados (métodos interpretativos)

• Gramatical: Análisis del significado de las palabras
• Sistemático: Relación de la norma con otras del ordenamiento
• Histórico: Evolución de la regulación en el tiempo
• Sociológico: Contexto social actual
• Teleológico: Finalidad de la norma

El método teleológico, que atiende a la finalidad de la norma, se considera el principio rector decisivo de la interpretación. La determinación del bien jurídico protegido tiene gran importancia y sirve de guía en la interpretación.

Límite fundamental: Por exigencias del principio de legalidad penal, el significado gramatical opera como un límite infranqueable. La interpretación no podrá superar o desbordar el tenor literal de los términos fijados en la ley.

Por los resultados

• Interpretación declarativa: Otorga al precepto un ámbito de aplicación que coincide con el uso común del lenguaje
• Interpretación restrictiva: Otorga al precepto un ámbito de aplicación más estrecho
• Interpretación extensiva: Otorga al precepto un ámbito de aplicación más amplio

Interpretación extensiva y analogía

Es fundamental no confundir interpretación extensiva con analogía:

Interpretación extensiva: Todavía se mantiene dentro del tenor literal posible de la ley. Por ello, es admisible en derecho penal.

Analogía: Supone salirse del tenor literal posible de la ley, aplicándola a supuestos no contenidos en ella mediante el argumento de similitud. Por ello, está prohibida según el principio de legalidad.

La analogía no es propiamente una forma de interpretación, sino una forma de aplicación de la ley a supuestos no contemplados en la misma.

Clases de analogía

• Analogía in malam partem (en perjuicio del reo): PROHIBIDA por el principio de legalidad
• Analogía in bonam partem (en beneficio del reo): Puede admitirse en determinados supuestos

Teoría general del delito

Concepto legal de delito

Dentro de la parte general del derecho penal destaca la teoría jurídica del delito, que pretende reunir en un sistema unitario y coherente los elementos comunes a todo delito.

El artículo 10 del Código Penal establece:

"Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley"

De esta definición se extraen los siguientes conceptos:

• Acciones: Delitos activos que consisten en un hacer (comisión)
• Omisiones: Delitos omisivos que consisten en no hacer

Las conductas, tanto activas como omisivas, pueden ser:

• Dolosas: Cuando el sujeto actúa con conciencia y voluntad de cometer el delito
• Imprudentes: Cuando el sujeto realiza el delito sin conciencia y voluntad, pero por haber descuidado ciertos deberes de cuidado, produciéndose una conducta negligente

Concepto completo de delito

Para afirmar la existencia de un delito no basta con remitirse al artículo 10. Hay que tener en cuenta el derecho positivo en su conjunto.

Sobre la base del derecho penal positivo, puede definirse el delito como un comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible:

Teorías sobre la acción

Concepto de comportamiento

Para poder hablar de un delito, lo primero que debe existir es una acción o comportamiento humano.

El comportamiento puede definirse como una conducta humana manifestada externamente, controlada o controlable por la voluntad, que puede consistir en una acción u omisión.

Esta definición sirve para excluir:

• Los meros pensamientos
• Los actos mentales internos
• Los comportamientos claramente involuntarios

Principales teorías

Sobre el concepto de acción se han formulado diversas teorías:

Teoría causal (Von Liszt): La acción es un movimiento corporal causado por un impulso de la voluntad que causa una modificación en el mundo exterior.

Teoría finalista (Welzel): Lo característico de la acción es la finalidad, es decir, el dirigirse intencionalmente a un objetivo. La voluntad no es un mero impulso, sino que está orientada a un fin.

Teoría social de la acción: Considera que será acción la conducta socialmente relevante, aquella que tiene significación social.

Existen otras teorías como:

• Concepto personal de acción (Roxin)
• Concepto negativo de acción (Jakobs)
• Concepto de acción como poder (Vives Antón)

Conclusión sobre el concepto de acción

Los diferentes intentos de ofrecer un concepto unitario de acción han visto en mayor o menor medida frustrado su objetivo:

• O son incapaces de abarcar las diferentes formas de aparición del hecho delictivo
• O son demasiado genéricos para ofrecer utilidad práctica

No obstante, existe un amplio consenso en que deben quedar excluidos los comportamientos claramente involuntarios, como los actos reflejos, los movimientos durante el sueño o los realizados bajo fuerza física irresistible.

Resumen y puntos clave

1. El principio de legalidad penal se deduce indirectamente de los artículos 9.3, 25.1 y 81 de la Constitución Española

2. Las normas penales requieren ley orgánica (mayoría absoluta) por afectar a derechos fundamentales

3. Las leyes en blanco son admisibles dentro de ciertos límites

4. El ordenamiento penal español se compone del Código Penal de 1995 y legislación especial

5. En la interpretación predomina la teoría objetiva; el método teleológico es rector pero el significado gramatical es límite infranqueable

6. La analogía en perjuicio del reo está prohibida

7. El delito es un comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible

8. No hay consenso sobre el concepto de acción, pero sí sobre excluir comportamientos involuntarios