Ausencia de Acción Penal y Teoría de la Imputación Objetiva

Introducción

El Derecho Penal español exige, como presupuesto fundamental para la existencia de un delito, que exista un comportamiento voluntario. El artículo 10 del Código Penal establece que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Esta exigencia de voluntariedad constituye el primer filtro que debe superar cualquier hecho para poder ser considerado penalmente relevante.

En esta lección analizaremos los supuestos en que no hay delito por tratarse de actos totalmente involuntarios, así como la teoría de la imputación objetiva que permite atribuir jurídicamente un resultado a la conducta de un sujeto.

Los Supuestos de Ausencia de Acción

La ausencia de acción o comportamiento se produce cuando falta el elemento voluntario que caracteriza toda conducta humana penalmente relevante. La doctrina y la jurisprudencia reconocen tres grupos de casos principales:

Fuerza Irresistible

El primero de los supuestos es la fuerza irresistible. Quien obra violentado por una fuerza irresistible no actúa voluntariamente, sino que se convierte en un mero instrumento de otra voluntad.

La jurisprudencia ha establecido requisitos estrictos para apreciar este supuesto:

1. Debe tratarse de violencia física, no de amenazas o coacciones psicológicas
2. Debe suprimir por completo la voluntad del sujeto, no simplemente condicionarla
3. Debe proceder de una tercera persona, convirtiendo al afectado en instrumento

La consecuencia principal es clara: quien sufre la fuerza irresistible no comete delito, puesto que no ha realizado un comportamiento voluntario. La responsabilidad penal, en su caso, recaerá sobre quien ejerció la fuerza.

Movimientos Reflejos

El segundo supuesto lo constituyen los movimientos reflejos, que son respuestas corporales que tienen lugar sin intervención de la voluntad del sujeto. Se trata de reacciones automáticas ante estímulos externos que el cerebro no procesa conscientemente antes de producirse la respuesta motora.

Ejemplos típicos incluyen el movimiento de la pierna ante un golpe en la rodilla, o el parpadeo ante una luz intensa. La consecuencia es idéntica al caso anterior: quien actúa bajo un movimiento reflejo no comete delito por faltar el comportamiento voluntario.

Es importante distinguir los movimientos reflejos de los llamados "actos en cortocircuito" o reacciones impulsivas, donde sí existe un mínimo de control voluntario aunque sea muy reducido.

Estados de Inconsciencia

El tercer grupo de supuestos comprende los estados de inconsciencia, categoría que incluye situaciones como el sueño, los desmayos y la embriaguez extrema. En estos casos, el sujeto carece de la capacidad de controlar voluntariamente sus actos.

La consecuencia jurídica es nuevamente la ausencia de delito: el inconsciente no comete delito pues no realiza el comportamiento de manera voluntaria. Sin embargo, este supuesto presenta una importante excepción que analizamos a continuación.

Las Acciones Libres en la Causa

Como regla general, si está ausente el comportamiento voluntario en el momento del hecho no hay delito. Sin embargo, tradicionalmente se ha considerado una excepción: las llamadas acciones libres en la causa (actio libera in causa).

En estos supuestos, aunque en el momento de producirse el resultado el sujeto carecía de comportamiento voluntario, puede atribuírsele responsabilidad porque voluntariamente se colocó en esa situación de inconsciencia o falta de control.

El caso de mayor importancia práctica lo constituyen los accidentes causados por sueño sobrevenido durante la conducción de vehículos. Normalmente, estos resultados causados por haberse quedado dormido el conductor se van a imputar a título de imprudencia.

El razonamiento es el siguiente: aunque en el momento del accidente el conductor dormía y por tanto no actuaba voluntariamente, previamente tomó la decisión voluntaria de ponerse al volante conociendo su estado de fatiga. Según la jurisprudencia, de no hacerlo así se cometería una grave incoherencia, pues quedarían impunes conductas claramente reprochables.

La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

En España, la Ley Orgánica 5/2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, acabando con el tradicional principio latino societas delinquere non potest (las sociedades no pueden delinquir).

El régimen jurídico de esta responsabilidad se encuentra principalmente en:

• Artículo 31 bis del Código Penal: Establece el régimen general de responsabilidad de las personas jurídicas, incluyendo los presupuestos para su imputación y las causas de exención.

• Artículo 33, apartado séptimo: Detalla las penas aplicables a las personas jurídicas, que incluyen multas, disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos e inhabilitación para obtener subvenciones.

El Concepto de Tipo Penal

Definición y Evolución

El tipo penal o tipo injusto es la descripción de la conducta prohibida que se lleva a cabo en la ley penal. Su concepto ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia del Derecho Penal.

Primera etapa: El tipo como descripción objetiva. Cuando Beling introdujo por primera vez este término, lo hizo corresponder con una descripción exclusivamente objetiva o externa de la conducta. Por tanto, se excluía el aspecto subjetivo, esto es, el dolo.

Etapa intermedia. Posteriormente se advirtió que algunos tipos penales, sin ofrecer descripciones puramente objetivas o externas, incluían elementos subjetivos o internos. Era necesario ampliar el concepto.

Concepción actual: Tipo objetivo y subjetivo. Welzel estableció que el tipo injusto está formado tanto por el tipo objetivo como por el tipo subjetivo. Esta es la concepción predominante en la actualidad y la que seguimos en nuestro ordenamiento.

Funciones del Tipo Penal

El tipo penal cumple una serie de funciones fundamentales en el sistema penal:

1. Función de selección: Determina qué comportamientos son penalmente relevantes, separándolos del universo de conductas humanas.

2. Función de garantía: Solo los comportamientos descritos en el tipo pueden ser sancionados penalmente, en virtud del principio de legalidad (nullum crimen sine lege).

3. Función de motivación general: Disuade a los ciudadanos de realizar las conductas tipificadas, orientando su comportamiento hacia el respeto de los bienes jurídicos protegidos.

4. Función indiciaria de antijuridicidad: La realización del tipo es un indicio de que la conducta es contraria a derecho, aunque puede quedar desvirtuado si concurre una causa de justificación.

Estructura del Tipo Penal

El tipo penal se estructura en varios elementos:

La conducta típica está integrada por:

• La parte objetiva: el aspecto externo de la conducta, incluyendo la acción u omisión, el resultado (en su caso) y la relación de causalidad.
• La parte subjetiva: el aspecto interno, que comprende el dolo o la imprudencia, así como otros elementos subjetivos específicos que puedan exigir determinados tipos.

Los sujetos del delito son:

• El sujeto activo: quien realiza la conducta típica. En los delitos comunes puede ser cualquier persona; en los delitos especiales se exigen determinadas cualidades.
• El sujeto pasivo: el titular del bien jurídico protegido, es decir, contra quien se comete la acción delictiva.

Los objetos se dividen en:

• Objeto material: la persona o cosa sobre la que recae físicamente la conducta típica.
• Objeto jurídico: el bien jurídico protegido por la norma (vida, libertad, propiedad, etc.).

La Relación de Causalidad

Para entender realizada la parte objetiva de un tipo penal, en los tipos de resultado se requiere que exista una determinada relación o conexión entre la conducta peligrosa y el resultado producido. Surge así la pregunta fundamental: ¿cómo sabemos si el resultado puede atribuirse al comportamiento del sujeto?

Teoría de la Equivalencia de Condiciones

La teoría de la equivalencia de condiciones, también llamada teoría de la conditio sine qua non, sostiene que causa es toda condición que, suprimida mentalmente, haría desaparecer el resultado en su forma concreta.

El test es sencillo: nos preguntamos si, eliminando mentalmente la conducta del sujeto, el resultado habría desaparecido tal como se produjo. Si la respuesta es afirmativa, existe relación de causalidad.

Teorías Limitadoras de la Causalidad

Ante las críticas a la excesiva amplitud de la teoría de la equivalencia, surgieron teorías que intentaban limitar el concepto de causa:

• Teoría de la causa eficiente: Sostiene que hay que atender a las condiciones que tengan mayor eficacia causal.
• Teoría de la adecuación: Afirma que causa es exclusivamente la condición generalmente adecuada para producir el resultado.
• Teoría de la relevancia: Propugna buscar la causa que sea relevante desde un punto de vista jurídico-penal.

La Imputación Objetiva

Actualmente, la mayoría de la doctrina considera que hay que distinguir dos planos diferentes:

1. El plano de la causalidad: Se resuelve mediante la teoría de la equivalencia de condiciones.

2. El plano de la imputación objetiva: Se resuelve mediante la aplicación de criterios normativos que permiten atribuir jurídicamente el resultado a la conducta.

Criterios de Imputación Objetiva

Para que pueda imputarse objetivamente un resultado a una conducta, deben cumplirse tres requisitos:

1. Creación o incremento de un riesgo no permitido

Para que pueda considerarse que una conducta realiza la parte objetiva del tipo, es necesario que dicha conducta haya creado o incrementado un riesgo no permitido. No habrá imputación objetiva en los siguientes casos:

• Disminución del riesgo: Cuando la conducta reduce un peligro preexistente para el bien jurídico.
• Riesgo insignificante: Cuando el riesgo creado es tan mínimo que resulta socialmente tolerado.
• Riesgo permitido: Cuando se trata de actividades peligrosas pero socialmente útiles realizadas dentro de los límites establecidos.

2. Materialización del riesgo en el resultado

En los delitos de resultado, se exige que sea ese riesgo previo creado por el autor el que se haya materializado en el resultado, y no un riesgo distinto. Se excluye la imputación objetiva cuando el riesgo que se plasma en el resultado es diferente al creado.

Un ejemplo claro: si alguien agrede a la víctima y esta es trasladada en ambulancia al hospital, pero la ambulancia sufre un accidente y la víctima muere, no se imputará la muerte al agresor porque el riesgo materializado (accidente de tráfico) es distinto al creado (lesiones por la agresión).

3. Fin de protección de la norma

El resultado producido debe estar dentro del ámbito de protección de la norma infringida. Es decir, la norma que prohíbe la conducta debe tener como finalidad evitar precisamente ese tipo de resultados.

Ejemplo Práctico

Supongamos que un conductor circula a 100 km/h por una calle con límite de velocidad de 40 km/h. No le da tiempo a frenar en un paso de cebra y atropella a un estudiante que muere al golpearse la cabeza contra el vehículo.

Analizando el caso:

1. Causalidad: Si suprimimos mentalmente la conducción a exceso de velocidad, ¿desaparecería la muerte en su forma concreta? Sí. Existe relación causal.

2. Riesgo no permitido: Circular a 100 km/h en zona limitada a 40 km/h supone crear un riesgo claramente no permitido.

3. Materialización del riesgo: El estudiante murió por el golpe causado directamente por el coche. El riesgo creado (atropello por exceso de velocidad) es exactamente el que se materializó.

4. Fin de protección de la norma: La limitación de velocidad en zonas urbanas tiene como finalidad proteger la vida e integridad de peatones. El resultado está dentro de ese fin de protección.

Conclusión: Se cumplen todos los requisitos de la imputación objetiva. El conductor responderá penalmente por la muerte del estudiante.

Conclusiones

Esta lección ha abordado dos aspectos fundamentales del Derecho Penal:

Primero, los supuestos de ausencia de acción donde no existe comportamiento voluntario: fuerza irresistible, movimientos reflejos y estados de inconsciencia. En estos casos no hay delito, salvo la excepción de las acciones libres en la causa.

Segundo, la teoría de la imputación objetiva, que exige tres requisitos para atribuir un resultado a una conducta: creación de riesgo no permitido, materialización de ese riesgo concreto en el resultado, y que el resultado esté dentro del fin de protección de la norma.

Estos conceptos son esenciales para el análisis de cualquier caso penal y constituyen el primer nivel de análisis que debe realizarse antes de examinar la antijuridicidad y la culpabilidad del autor.