Infracciones y sanciones en la Seguridad Social: procedimiento y órganos competentes

Introducción al régimen sancionador

El sistema de infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el cumplimiento de la normativa que regula el sistema de protección social en España. Este régimen se articula a través de un doble nivel sancionador: el penal y el administrativo.

Los delitos específicos tipificados en materia de Seguridad Social se denominan "delitos contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores", en atención al perjuicio que causan tanto al sistema como a los propios trabajadores. Por su parte, el régimen administrativo se regula principalmente a través de la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

Corresponde a los órganos superiores de los departamentos ministeriales competentes de la Administración central la aplicación de esta normativa, ejerciendo funciones de impulso, dirección, vigilancia, tutela y control de la gestión de las infracciones y sanciones.

Estructura orgánica de la Seguridad Social

Organigrama institucional

La gestión del sistema de Seguridad Social español se atribuye a diversos entes públicos con personalidad jurídica propia, adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La estructura se organiza de la siguiente manera:

Nivel superior:

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social
• Secretaría de Estado de la Seguridad Social
• Gabinete de la Secretaría de Estado

Primera ramificación:

• Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social
• Intervención General de la Seguridad Social
• Servicio Jurídico de la Administración

Segunda ramificación (Entidades Gestoras):

• INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)
• ISM (Instituto Social de la Marina)
• TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social)
• Gerencia de Informática de la Seguridad Social

Naturaleza de las entidades gestoras

Las entidades gestoras tienen naturaleza pública y se caracterizan por:

• Poseer personalidad jurídica propia
• Estar creadas para gestionar y administrar las prestaciones del sistema
• Actuar bajo la dirección y tutela de los ministerios correspondientes

Participación de los interesados

La Constitución Española, en su artículo 129.1, determina que la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en las actividades de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad del bienestar general.

Principios del derecho administrativo sancionador

El régimen sancionador de la Seguridad Social se rige por una serie de principios fundamentales que garantizan la seguridad jurídica y los derechos de los administrados:

Principio de legalidad

Consiste en la exigencia de que tanto las infracciones como las sanciones estén tipificadas en una ley formal. No puede sancionarse ninguna conducta que no esté previamente definida como infracción por una norma con rango de ley.

Principio de tipicidad

Implica la exigencia de que la norma legal defina de forma clara y precisa:

• Las conductas que el ordenamiento califica como infracciones
• Las sanciones previstas para estos ilícitos
• Qué conductas resultan punibles y cuáles no

Principio de imputabilidad y personalidad de la pena

Establece que la responsabilidad por un hecho ilícito solo puede ser atribuida a quien haya participado en la comisión de ese hecho. No puede castigarse a una persona que no ha participado o que no ha tenido relación con el hecho delictivo.

Principio de proporcionalidad

Tanto el legislador como los aplicadores del derecho deben garantizar que la sanción impuesta guarde adecuación y congruencia con la gravedad del hecho sancionado. No puede imponerse un castigo desproporcionado respecto a la infracción cometida.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Naturaleza y regulación

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está regulada por la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es el órgano encargado de constatar que se han cometido infracciones administrativas en materia de Seguridad Social y de iniciar el procedimiento que pueda conducir a la imposición de la correspondiente sanción.

Funciones principales

La Inspección desempeña las siguientes funciones:

1. Función de vigilancia: Exigir el cumplimiento de la normativa relativa a la Seguridad Social

2. Función de asesoramiento: Facilitar asistencia técnica, información y asesoramiento especializado a las empresas

3. Función sancionadora: Constatar infracciones e iniciar procedimientos sancionadores

Cuerpos funcionariales

Las funciones de la Inspección son desempeñadas por dos cuerpos de funcionarios:

• Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social: Tienen asignada la totalidad de las funciones atribuidas a la Inspección

• Cuerpo de Subinspectores: Desempeñan funciones más limitadas, de apoyo a los inspectores

Clasificación de las infracciones

Definición legal

Según el artículo 20 de la LISOS, son infracciones en materia de Seguridad Social aquellas acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables que sean contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias de la Seguridad Social, y que estén tipificadas y sancionadas en dicha ley.

Se asimilan también las infracciones relacionadas con las cotizaciones que se recaudan conjuntamente con las de la Seguridad Social.

Infracciones leves

Ejemplos de conductas:

• No conservar durante cuatro años la documentación de afiliación de los trabajadores
• No comunicar las bajas de los trabajadores en plazo
• No exponer o poner a disposición del órgano competente la documentación de cotización

Cuantías de las sanciones:

• Grado mínimo: 70 a 150 euros
• Grado medio: 151 a 370 euros
• Grado máximo: 371 a 750 euros

Infracciones graves

Ejemplos de conductas:

• Iniciar una actividad sin solicitar la inscripción en la Seguridad Social
• No formalizar la protección de accidentes de trabajo
• Incumplir las obligaciones económicas con la Seguridad Social
• No ingresar las cuotas correspondientes en la Tesorería General
• No comunicar a las entidades gestoras las prestaciones por desempleo

Cuantías de las sanciones:

• Grado mínimo: 751 a 1.500 euros
• Grado medio: 1.501 a 3.750 euros
• Grado máximo: 3.751 a 7.500 euros

Infracciones muy graves

Ejemplos de conductas:

• Dar ocupación a beneficiarios o solicitantes de pensiones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena
• Pactar con trabajadores (individual o colectivamente) la obligación de pagar cuotas que corresponden al empresario
• No ingresar cuotas correspondientes en la TGSS durante un periodo prolongado
• Retener indebidamente cuotas de la Seguridad Social descontadas a los trabajadores

Cuantías de las sanciones:

• Grado mínimo: 7.501 a 30.000 euros
• Grado medio: 30.001 a 120.005 euros
• Grado máximo: 120.006 a 225.018 euros

Regla importante: El grado mínimo de cada categoría de sanción comienza exactamente donde termina el grado máximo de la categoría anterior.

Régimen de sanciones

Sanciones a empresarios, mutuas y asimilados

Reguladas en los artículos 39 a 46 de la LISOS, estas sanciones consisten en multas económicas. La Administración goza de una discrecionalidad reglada para determinar el grado de la sanción, debiendo valorar una serie de circunstancias establecidas legalmente.

Sanciones a trabajadores, solicitantes y beneficiarios

Reguladas en el artículo 47 de la LISOS, estas sanciones presentan una diferencia fundamental: no consisten en multas económicas, sino en:

• Pérdida temporal de las prestaciones concedidas
• Extinción de las prestaciones

Estas sanciones se aplican especialmente cuando las prestaciones se obtuvieron:

• Mediante engaño o fraude
• Alegando requisitos que no se cumplían realmente
• Ocultando circunstancias relevantes

Las infracciones de trabajadores y beneficiarios también se clasifican en leves, graves y muy graves, pero la consecuencia no es una multa sino la afectación a la prestación que venían percibiendo.

Conclusión

El régimen de infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social constituye un sistema complejo pero estructurado que garantiza el cumplimiento de la normativa protectora. La clasificación en tres niveles de gravedad, con cuantías progresivas y la diferenciación entre el régimen aplicable a empresarios y a beneficiarios, permite una respuesta proporcionada a cada tipo de incumplimiento. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa como garante del sistema, combinando funciones de vigilancia, asesoramiento y sanción.